REPÚBLICA, GUERRA Y REPRESIÓN FRANQUISTA
La lucha contra el olvido es la respuesta más civilizada que podemos dar a la historia falseada que nos transmitió el franquismo. Una historia que, durante cuarenta años premió con el honor y la gloria a los vencedores de la guerra civil y castigó con la represión y con el silencio a los vencidos. El discurso oficial de la dictadura sólo se acordaba de los “rojos” para acusarlos de criminales y para manchar su memoria. Para el franquismo, los demócratas y los izquierdistas eran unos elementos subversivos o unos individuos de “mala conducta y antecedentes” que lo único que se merecían era la condena pública, la cárcel o la muerte.
Para valorar la importancia que
tiene para el conocimiento histórico el libro que hoy se presenta, hemos de
comprender primero que cuando desaparezca la memoria de las personas que
sufrieron la represión será imposible reconstruir la verdadera cara del
franquismo. Si la dictadura intentó no dejar ni rastro de los asesinados por
aplicación del bando de guerra, ya nos podemos imaginar el casi pleno vacío
documental que existe sobre otras formas de represión que aparecen de forma
descarnada en este libro, como los encarcelamientos, las torturas, la miseria,
los despidos, el acoso moral o la humillación cotidiana. Por tanto, si toda
esta tragedia y todo este dolor no se escribe, dentro de unos pocos años habrá
desaparecido de la memoria colectiva y, por tanto, de la historia, y será como
si nunca hubieran ocurrido, con lo que el sufrimiento de las víctimas habrá
sido en vano y no podremos extraer de él ninguna enseñanza.
Sólo después de que se conozca
sin miedo y sin tabúes lo que en realidad sucedió conseguiremos cicatrizar las
heridas dejadas por el franquismo y sólo entonces tendrán sentido el perdón y
la auténtica reconciliación. Difundir el verdadero rostro de la dictadura y
compensar a las víctimas de la represión y a sus familiares, aunque sólo sea
moral y simbólicamente, es lo único que pretende la recuperación de la memoria
histórica. El acto que hoy se celebra es una reafirmación pública de los
valores democráticos y no hay intención ni de resucitar el guerracivilismo ni
de levantar rencores.
La Segunda República española corrió la misma suerte que los perdedores de la guerra civil. Fue injustamente condenada por la dictadura franquista y, a la vez, muchos de sus principios han sido injustamente olvidados por nuestro actual sistema político, que ha preferido encontrar su legitimidad democrática en otros referentes históricos más cercanos. La II República nació tras las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. En estas elecciones las candidaturas monárquicas alcanzaron la victoria en las zonas rurales, que estaban controladas por los caciques. Sin embargo, las listas republicanas triunfaron en 41 de las 50 capitales de provincia y en las ciudades, donde el voto era libre y la participación había sido muy elevada.
Entusiasmo popular
Los primeros decretos y medidas
legislativas del nuevo Gobierno republicano tuvieron un claro talante
modernizador y progresista. Se instituyó la jornada laboral de ocho horas que
sustituyó los horarios de trabajo de sol a sol y se aprobaron varios decretos
agrarios que buscaban beneficiar a los jornaleros del sur de España, azotados
por la miseria y el paro en una época en la que no existían seguros sociales o
subsidios de desempleo. También se puso en marcha, con el impulso de Francesc
Macià, presidente de la restaurada Generalitat, el Estatuto provisional de
autonomía de Cataluña, que fue refrendado por una amplia mayoría de votantes en
una consulta electoral en agosto de 1931.
Pero donde las esencias del
espíritu democrático y republicano se respiraban en su plenitud era en los 125
artículos de la Constitución de 1931, que se convirtió en una de las más
avanzadas de su época. En ella, por ejemplo, por primera vez se otorgaba a la
mujer el derecho al voto y se le concedía la igualdad jurídica con el varón.
También se estableció el matrimonio civil, el divorcio y la equiparación de
derechos entre hijos legítimos e ilegítimos. Unas de las mayores novedades
introducidas por la Constitución fueron, por un lado, la posibilidad de que unos
conjuntos de provincias pudieran constituirse en región autónoma mediante un
estatuto aprobado por las Cortes españolas y, por otro, el establecimiento de
la separación de la Iglesia y el Estado y la proclamación de la libertad de
conciencia y de cultos. Aunque durante la República se iniciaron reformas en el
ámbito militar, social, laboral o agrario, uno de los mayores esfuerzos se
concentró en el ámbito educativo. Así, entre 1932 y 1933 se construyeron 6.570
nuevas escuelas y se crearon 7.000 plazas de maestro. Se adoptó un modelo de
escuela única, gratuita, pública, obligatoria, laica y mixta, de manera que se
imponía la coeducación de niños y niñas.
Alternancia de gobiernos
La República estuvo en manos de
gobiernos republicano-socialistas durante sus tres primeros años de existencia
y controlada por gobiernos conservadores y derechistas otros dos, hasta que en
las elecciones del 16 de febrero de 1936 triunfó una coalición de partidos
republicanos y de izquierda llamada Frente Popular. Bajo la presidencia de
Manuel Azaña se formó entonces un Gobierno compuesto en exclusiva por ministros
republicanos y sin participación de socialistas o comunistas. Su programa era
reformista y nada revolucionario, en contra de lo que luego afirmó la
propaganda franquista para justificar el golpe de Estado. El clima social se
enrareció durante el gobierno frentepopulista, pero las huelgas, los conflictos
sociales o los asesinatos cometidos por los extremistas no causaron la guerra
civil, aunque éste también fuera otro de los pretextos usados por el franquismo
para justificar la sublevación.
La única causa de la guerra fue
el golpe de Estado de un sector del Ejército en contra de la República, un
régimen legal y democrático a pesar de sus limitaciones y defectos. Sin ese
golpe se hubieran continuado, o no, viviendo todas las huelgas posibles y todas
las situaciones tensas imaginables, pero nunca habría empezado una guerra entre
españoles. Porque si entramos en el peligroso camino de justificar o explicar
los golpes de Estado por razones de conflictividad, o consideramos que los
golpes de Estado son algo así como la continuidad lógica de épocas de
inestabilidad o de transición política, habría que darle toda la razón del
mundo al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero cuando en 1981 se
levantó en armas para intentar acabar con una situación muy similar a la que se
había vivido en los años de la República.
La conjura contra la República casi había sido ultimada a comienzos del mes de julio de 1936 y consistía en un levantamiento simultáneo de todas las guarniciones militares comprometidas. El general Emilio Mola era el director de la conspiración castrense y en la trama civil se mezclaban carlistas, falangistas y monárquicos. Buena parte de los militares implicados en el golpe eran “africanistas”. Se les llamó así porque habían prestado servicio de armas en las posesiones españolas de África y, en general, tenían sobrada experiencia en la aplicación de métodos represivos y violentos contra las poblaciones nativas. Herederos de la tradición golpista del Ejército español y profundamente anticomunistas, a pesar de que el partido comunista era muy minoritario en aquel momento en España y sólo tenía 17 diputados de los 473 que componían el Congreso, estos militares compartían los mismos objetivos que los fascismos triunfantes en el entorno europeo: la destrucción del sistema democrático, el aplastamiento del movimiento obrero y la instauración de un Estado totalitario.
La conjura contra la República casi había sido ultimada a comienzos del mes de julio de 1936 y consistía en un levantamiento simultáneo de todas las guarniciones militares comprometidas. El general Emilio Mola era el director de la conspiración castrense y en la trama civil se mezclaban carlistas, falangistas y monárquicos. Buena parte de los militares implicados en el golpe eran “africanistas”. Se les llamó así porque habían prestado servicio de armas en las posesiones españolas de África y, en general, tenían sobrada experiencia en la aplicación de métodos represivos y violentos contra las poblaciones nativas. Herederos de la tradición golpista del Ejército español y profundamente anticomunistas, a pesar de que el partido comunista era muy minoritario en aquel momento en España y sólo tenía 17 diputados de los 473 que componían el Congreso, estos militares compartían los mismos objetivos que los fascismos triunfantes en el entorno europeo: la destrucción del sistema democrático, el aplastamiento del movimiento obrero y la instauración de un Estado totalitario.
Son bastante conocidos los
numerosos documentos que desde antes de la rebelión circulaban entre los
conjurados para preparar la insurrección militar y para implantar el terror, ya
que sabían que les iba a faltar el apoyo de gran parte de los españoles. Por
ejemplo, el general Emilio Mola, en una “instrucción reservada” enviada a los
demás conspiradores el 25 de mayo de 1936 les advertía lo siguiente: “La acción
ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es
fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos
de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento,
aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los
movimientos de rebeldía o huelgas”. En la misma línea, el 30 de junio, el
también golpista general Yagüe aludía en sus documentos a “eliminar los
elementos izquierdistas: comunistas, anarquistas, sindicalistas, masones,
etc.”. Esta violencia se aplicó por el ejército rebelde desde el primer día de
la guerra. Ya en la noche del 17 de julio, cuando la insurrección no había
llegado aún a la Península, los militares golpistas asesinaron a 189 personas
en las posesiones españolas de Marruecos, anticipando el método que iban a
aplicar para conseguir el triunfo en toda España.
El fracaso del golpe
La guerra civil no fue una guerra
entre Cataluña y España, sino entre republicanos y fascistas, exactamente igual
que en el resto del Estado. No debemos olvidar que mientras republicanos
andaluces, madrileños o extremeños murieron en los frentes de Cataluña y del
resto de España defendiendo la República y la Generalitat, la derecha catalana
apoyó el golpe militar y la dictadura franquista. El presidente del Gremio de
Fabricantes de Sabadell, Manuel Gorina, con motivo de la visita de Franco a la
ciudad en 1942, decía que “después de Dios es al Generalísimo Franco y a su
valeroso ejército a quien debemos la terminación de nuestro cautiverio, la
conservación de nuestros hogares y la recuperación de nuestro patrimonio
industrial”.
En la zona de España que quedó
bajo el dominio de los sublevados se desató una terrible represión física que
consistió en la eliminación de miles de personas sin que en la inmensa mayoría
de las ocasiones se arbitraron consejos de guerra u otros mecanismos con
apariencia legal que justificara la violencia. Fue el periodo de lo que el
historiador Julián Casanova ha denominado “terror caliente”, que permitió
cumplir el mandato del general Mola de eliminar “sin escrúpulo ni vacilación a
todos los que no piensen como nosotros”. Desde luego, voceros de la sangre no
faltarían entre los mandos militares golpistas en aquellos primeros días de la
contienda.
Castigos ejemplares
El general Franco, en su bando de
guerra del 18 de julio, exigía “inexcusablemente que los castigos sean
ejemplares” y que se impusieran “sin titubeos ni vacilaciones”. Diez días
después, en una entrevista periodística, respondió que estaba dispuesto a
conseguir sus objetivos “al precio que sea”, aunque tuviera que fusilar a media
España. La llamada a la violencia fue tan descarada y grosera que el día 23 de
julio, en una de sus incendiarias charlas desde Radio Sevilla, el general
Queipo de Llano manifestaba: “Nuestros valientes legionarios y regulares han
enseñado a los cobardes de los “rojos” lo que significa ser hombre. Y, de paso,
también a sus mujeres. Después de todo, estas comunistas y anarquistas se lo
merecen, ¿no han estado jugando al amor libre? Ahora por lo menos sabrán lo que
son hombres de verdad y no milicianos maricas. No se van a librar por mucho que
pataleen y forcejeen”.
La represión se convirtió en la
mejor arma de dominación y de control social por parte de los golpistas y en
una garantía de supervivencia para la dictadura de Franco. Fue una medida
programada, que se aplicó con el empuje y la intervención directa de las
autoridades militares y que tuvo una clara voluntad de exterminio físico,
social, político e ideológico de aquellos que para los sublevados representaban
la “antipatria”. Nunca llegaremos a saber el verdadero alcance numérico de la
represión franquista ya que muchos de los republicanos asesinados se
convirtieron en desaparecidos. No se inscribieron nunca en los registros
civiles o se registraron falseando la causa de la muerte, como ocurrió en el
caso de Lluís Companys, detenido en Bélgica por los nazis y entregado a las
autoridades franquistas, que lo fusilaron en Barcelona en 1940 tras un juicio
sumarísimo. Su certificado de defunción dice simplemente que murió de una
“hemorragia interna traumática”.
Aunque la represión republicana y
la represión franquista son igual de condenables, hay una diferencia
fundamental entre una y otra. Mientras en la zona franquista la violencia fue
ejecutada y alentada desde arriba, desde los mismos centros del poder, en la
zona republicana la represión fue consecuencia en gran medida del descontrol
revolucionario y muchas autoridades se esforzaron por impedir los asesinatos.
El presidente de la República, Manuel Azaña, dedicó varios de sus discursos al
tema de la violencia, y ha quedado especialmente para la historia uno que
pronunció en el Ayuntamiento de Barcelona, el 18 de julio de 1938, en el que
invocaba “paz, piedad y perdón”. Otros líderes republicanos, como el socialista
Indalecio Prieto, el presidente del Gobierno Juan Negrín o el ex ministro
anarquista Joan Peiró -luego fusilado por Franco- también intentaron limitar el
terror. Durante los primeros meses de la guerra, la Generalitat catalana dio
pasaportes y permisos de salida al extranjero a miles de personas de derechas
para que no fueran asesinaran y llegó incluso a facilitar pasaportes falsos si
la persona era conocida y corría especial peligro.
Evacuación en barco
De Barcelona salieron barcos
enteros, franceses e italianos, sobre todo, pero también de otras
nacionalidades, para evacuar a personas amenazadas. Según los archivos del
consulado español en Génova, el 28 de agosto de 1936 ya habían desembarcado
allí 11.840 prófugos derechistas procedentes de España. En cuanto al consulado
francés, una publicación oficial de después de la guerra enumeraba nominalmente
a las 6.630 personas evacuadas en barcos franceses, sin contar las que salieron
en avión, ferrocarril y carretera. Entre ellas había 2.142 religiosas y 868
niños, además de generales, jefes y oficiales del Ejército, altos funcionarios,
políticos significados, sacerdotes, familiares, etc. Por desgracia, las
autoridades catalanas que más se habían señalado en la evacuación de las
personas en peligro tuvieron que huir para no ser víctimas ellas también de los
anarquistas y de otros incontrolados, como el consejero de Interior de los
primeros meses, Josep Espanya i Sirat; el consejero de Cultura, Ventura Gassol;
el comisario de Orden Público, Frederic Escofet i Alsina, o el fundador de la
Unió Democràtica de Catalunya Manuel Carrasco i Formiguera, quien fue apresado
por los franquistas y fusilado en abril de 1938 en Burgos.
En la posguerra, “cautivo y desarmado el Ejército rojo”, continuó la estrategia represiva que los sublevados habían iniciado al comienzo de la contienda, pues la represión y el terror se convirtieron en el pilar fundamental del nuevo Estado. Franco celebró su victoria con lo que el historiador Paul Preston ha bautizado como “la política de la venganza”, que se materializó en campos de concentración, batallones de trabajo, consejos de guerra, fusilamientos, etc. El régimen totalitario olvidó el lema de que el que no tuviera las manos manchadas de sangre no tenía nada que temer y, en consecuencia, no hubo ni amnistía ni perdón ni reconciliación. A los derrotados se les aplicó el Código de Justicia Militar, impuesto ya en julio de 1936, y se les procesó por “adhesión a la rebelión”, en una macabra “justicia al revés” con la que los rebeldes castigaban a los que se habían mantenido fieles a la legalidad democrática republicana. El golpe de Estado de 1936 fue, además de ilegítimo, ilegal, pues según la Constitución de 1931 los jefes militares sólo podían declarar el estado de guerra por decreto del Gobierno, por lo que toda la legislación posterior y las sentencias de los consejos de guerra son nulas de origen y ajenas al mundo del derecho. Los juicios se realizaron sin garantías para los acusados. Los tribunales no eran independientes, pues los nombraba el Gobierno y estaban formados por militares. La instrucción del procedimiento se realizaba en secreto, sin intervención de los abogados de los encausados, quienes siempre permanecían en prisión preventiva, sometidos al hambre, las enfermedades, las vejaciones y las torturas.
Franco impuso un Estado
militarista, católico, totalitario y centralista. Obsesionado por lo que
llamaba el “peligro separatista”, todo sentimiento nacional que no fuese
español fue perseguido, por lo que se prohibieron los símbolos nacionalistas y
el uso público de las lenguas distintas al castellano y se suprimieron los
órganos de autogobierno de las autonomías. La respuesta oficial del Estado
franquista respecto a las aspiraciones nacionalistas de Cataluña y del País
Vasco había quedado bien clara en la magna celebración del “Día de la Raza”, el
12 de octubre de 1936, en la Universidad de Salamanca. Allí, en un acto público
y multitudinario, el catedrático Francisco Maldonado de Guevara manifestó:
“Cataluña y el País Vasco, el País Vasco y Cataluña, son dos cánceres en el
cuerpo de la nación. El fascismo, remedio de España, viene a exterminarlos,
cortando en la carne viva como un cirujano resuelto”. El filósofo y rector
Miguel de Unamuno, que presidía el acto, intentó contestar con un discurso
improvisado en el que habló de guerra incivil y de que vencer no es convencer,
lo que motivó una rápida respuesta del jefe del Departamento de Prensa y
Propaganda del Caudillo, el general legionario mutilado Millán Astray, quien
gritó las célebres frases de “¡Viva la muerte!” y “¡Mueran los intelectuales!”
La enfermedad del nacionalismo
En la misma línea, el ministro de
Interior de Franco durante la guerra, Ramón Serrano Suñer, también consideraba
“una enfermedad” el nacionalismo catalán. Cuando las tropas franquistas
conquistaron Tarragona a mediados de enero de 1939, se celebró en la catedral
una ceremonia religiosa. Durante el sermón, el sacerdote oficiante, José
Artero, que era canónigo de la catedral de Salamanca, se dejó llevar por la
emoción hasta el punto de decir: “¡Perros catalanes! No sois dignos del Sol que
os alumbra”. El desfile oficial de la entrada de las tropas franquistas en
Barcelona, a finales de enero de 1939, estuvo encabezado por las tropas
navarras del general José Solchaga Zala. Según el agregado militar británico en
Burgos, se les concedió este honor “no porque hayan combatido mejor sino porque
son los que saben odiar mejor. Especialmente cuando el objeto de su odio es Cataluña
o un catalán”. El hombre a quien Franco nombró gobernador civil de Barcelona
tras la ocupación, Wenceslao González Ontiveros, proclamaba que “España se
alzó, con tanto o mayor fiereza contra los estatutos desmembradores que contra
el comunismo” y que cualquier tolerancia con el regionalismo llevaría otra vez
al “mismo proceso de putrefacción que acabamos de extirpar quirúrgicamente”.
La dictadura de Franco fue larga
y sangrienta, y las cifras de la barbarie lo demuestran. Se calcula que unos
100.000 republicanos cayeron asesinados durante la guerra, a los que hay que
añadir otros 35.000 fusilados en los diez años que siguieron al final de la
contienda en 33 provincias, aunque nos quedan por conocer los datos del resto.
Unos 200.000 españoles tuvieron que huir al exilio permanente y varios miles
cayeron en Francia en las garras de los nazis. A muchos los obligaron a
trabajar para el esfuerzo bélico alemán. Aproximadamente 4.000, de los que sólo
sobrevivieron 59, fueron trasladados a las Islas de Canal de la Mancha para
construir fortificaciones. Otros 15.000 acabaron internados en los campos de
exterminio, de los que murieron la mitad. Sólo en el campo de Mauthausen
fallecieron 4.781. El Gobierno de Franco y en especial su cuñado y ministro de
Interior, Serrano Suñer, se desentendieron de la suerte de los españoles
capturados por los nazis, algunos de ellos menores de edad, y no realizaron
gestiones para que se les diera el estatus de prisioneros de guerra o para que
se les pudiera repatriar, lo que condenó a una muerte segura a miles de ellos.
Dentro de España, alrededor de
medio millón de presos se amontonaron en las cárceles y en los campos de
concentración en 1939. En algunos meses de ese mismo año en la prisión Modelo
de Valencia llegaron a concentrarse 15.000 reclusos, cuando su capacidad era
para 528. En la cárcel Modelo de Barcelona se hacinaban 10.000 presos y, como
ya no cabían más, hubo que habilitar un antiguo correccional adosado a la
cárcel y nuevos locales que incluían las naves de una fábrica de Poble Nou, en
las afueras de la ciudad. En cuanto a las mujeres, en 1940 había en España unas
20.000 presas políticas, algunas de las cuales ya habían sido violadas, rapadas
y purgadas con aceite de ricino en sus localidades de origen.
Mujeres en prisión
La cárcel de Les Corts de
Barcelona, con capacidad para 100 prisioneras, tenía una población reclusa
cercana a las 2.000. En la junta de disciplina de la cárcel ejercía como
administradora la monja sor Felipa García Sánchez, hermana de las Hijas de la Caridad
de San Vicente de Paul, la congregación que estaba al cargo de de los servicios
de administración, cocina y despensa de varias cárceles de mujeres. Sor Felipa
se enorgullecía de la disciplina que imperaba en la cárcel, aunque para
lograrlo hubiera que prohibir a las reclusas recibir paquetes, la comunicación
con el exterior o castigarlas con los trabajos más duros. Muchos hijos de
mujeres republicanas murieron en las cárceles o se dieron en adopción sin
consentimiento de sus progenitores, con lo que perdieron su custodia para
siempre. Al cumplir los cuatro años los niños eran sacados de las prisiones y
separados de sus madres. Quedaban en manos de los centros de asistencia y de
las escuelas religiosas controladas por el Patronato de Nuestra Señora de la
Merced, bajo cuya tutela había 10.675 niños en 1943.
En 1940 quedaban en las cárceles
españolas 270.719 presos, según los datos aportados por el ministerio de
Justicia, y alrededor de 100.000 todavía permanecían entre rejas en 1943. A
muchos los sometieron a trabajos forzados en batallones disciplinarios de
soldados trabajadores, en las colonias penitenciarias y en los destacamentos
penales. Los presos no sólo sufrían las condiciones lamentables de las
infraestructuras carcelarias (hacinamiento, falta de higiene, comida escasa,
etc.), sino también la humillación, las torturas y la degradación humana más
absoluta. De hambre y epidemias murieron, según los datos que disponemos de 13
provincias, 4.633 presos en la posguerra. Sólo en las cárceles de Córdoba capital
fallecieron 502 personas en 1941. Por supuesto, los derechos humanos y las
convenciones internacionales sobre prisioneros de guerra no existían en la
mente de las autoridades. Además, la política penitenciaria del franquismo
fomentó, como una forma más de castigo, que los reclusos cumplieran sus penas a
cientos de kilómetros de su domicilio, lo que les impedía el contacto con sus
familias.
El sistema represivo procesal franquista, consistente en la multiplicación de órganos jurisdiccionales especiales, continuó durante toda la dictadura convertido en un terror institucionalizado que violó sistemáticamente los derechos humanos. Como consecuencia de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, que castigaba con pérdida de bienes, inhabilitación o destierros a los que se habían mantenido fieles a la legalidad republicana, se abrieron unos 325.000 expedientes sancionadores. Aplicando esta ley, al músico Pau Casals, según recoge textualmente la causa judicial, le impusieron una multa de 250.000 pesetas por “separatista”, por haber huido al extranjero y por haber dado conciertos para las “milicias rojas”. Cuando se derogaba una ley, una nueva normativa represora sustituía a la anterior.
Tribunales de excepción
La Ley de Seguridad del Estado de
1941 fue sustituida por la Ley de Represión del Bandidaje y el Terrorismo de
1947. El tribunal especial establecido por la Ley de Represión de la Masonería
y el Comunismo de 1940 tuvo mayor continuidad, hasta que parte de sus
atribuciones fueron asumidas por el Tribunal de Orden Público, disuelto en 1977
y del que nos podrían contar bastante algunos de los que han asistido hoy a
este acto. La Brigada Político Social realizaba las diligencias, sin que se
facilitara asistencia letrada o médica a los detenidos, en lugares que triste
memoria para los antifranquistas, como la comisaría de Policía de la Via
Laietana en Barcelona o la Dirección General de Seguridad en la Puerta del Sol
de Madrid.
La posguerra española también se
caracterizó por los años de hambre y por una nefasta política económica
autárquica impuesta por el régimen. Desde el 14 de mayo de 1939 hasta 1951 se
estableció la cartilla de racionamiento para adquirir los productos de primera
necesidad. El sobrevivir resultó casi imposible para los vencidos, ya que los
ciudadanos dependían de la burocracia franquista para sus actividades
cotidianas. Encontrar trabajo, viajar o cambiar de residencia resultaba
imposible si no se disponía de un salvoconducto o de un informe de buena
conducta y de ser adicto al Glorioso Movimiento Nacional. Las familias
republicanas, con los varones muertos o en las cárceles, quedaron en muchos
casos desamparadas, sobreviviendo gracias a la mendicidad, a la caridad del
Auxilio Social o al trabajo de las mujeres y de los niños a cambio de jornales
de miseria.
Con los sindicatos aplastados y
sus locales incautados, y con el derecho de asociación y la huelga prohibidos,
poco margen quedaba para la protesta económica o laboral. Los salarios se
mantuvieron al mismo nivel de antes de la guerra durante toda la década de los
cuarenta mientras los precios crecían un 13% de media cada año. En la ciudad de
Barcelona, por ejemplo, el coste de la vida se multiplicó por 5,4 entre 1936 y
1950. La renta per cápita de los españoles apenas progresó hasta 1950 y los
niveles de producción industrial de 1936 no se alcanzaron hasta 1952. En el
campo, en 1950 los jornales se situaban todavía en el 60% del nivel de 1936. Es
falsa la teoría de que el franquismo trajo la modernización económica a España,
lo que hizo fue retrasarla. Así, en 1936 España tenía el PIB per cápita de
Italia. En 1975, cuando el dictador murió, España sólo tenía el 70 % del PIB
per cápita italiano.
Después de todos los miles de
libros que se han editado tras la muerte de Franco, avalados por las
investigaciones de los historiadores más solventes, parece que el conocimiento
de lo que fue la dictadura no ha llegado plenamente a la sociedad y, menos aún,
a las escuelas. Este desconocimiento es lo que quizás explique que todavía haya
quien opine que para superar los acontecimientos y las heridas de la guerra
civil y del franquismo es necesario recuperar a la vez la memoria histórica de
los vencedores y la de los vencidos. Es verdad que los muertos y el dolor de
las familias de unos y otros merecen el mismo respeto por elementales razones
humanitarias, pero quienes hablan de recuperar las dos memorias quizás
desconozcan que una de ellas, la de los vencedores, ya está más que recuperada
porque la dictadura se dedicó a ello durante cuarenta años.
La Causa General
Ya en 1940 el Ministerio de
Justicia decretó la creación de la llamada “Causa General”, con el fin de
recoger por escrito la represión causada por los “rojos”. De los derechistas
asesinados, muertos en combate o fieles colaboradores del régimen conocemos su
identidad ya que se anotaron en los registros civiles como muertos
“gloriosamente por Dios y por España” y sus nombres se inscribieron en las
lápidas de los cementerios, en las cruces de los caídos, en los muros de las
iglesias, en los informes oficiales y en los libros de historia; y algunos
todavía permanecen en la nomenclatura de las calles de muchos pueblos y
ciudades de España. Sus familiares, al igual que los ex combatientes, los ex
cautivos y los soldados mutilados pudieron cobrar pensiones y el Estado les
reservó hasta el 80% de los puestos de trabajo en la Administración pública.
Asimismo, las víctimas de derechas recibieron honores y distinciones y se
celebraron misas y funerales en su memoria, pues la Iglesia había bendecido la
guerra como una cruzada religiosa y calificó a Franco como “cristiano ejemplar”
o como “hijo de Dios hecho Caudillo”.
Mientras durante el franquismo se
honraba y se recuperaba la memoria de los “mártires de la cruzada” y de los que
habían apoyado el golpe de Estado, la memoria de los demócratas y de los que
habían permanecido fieles a la legalidad republicana permanecía en el olvido,
escondida en archivos militares todavía hoy en gran medida inaccesibles, o esa
memoria sólo existía para mancharla y denigrarla. En los casi treinta años que
llevamos de sistema democrático queda aún mucho que recuperar de la historia de
los vencidos. Por ello, sorprende que ahora haya que pedir casi perdón por
cualquier mínimo intento no ya de hacer justicia histórica, sino de descubrir
los nombres de las víctimas de la represión franquista, recuperar sus restos de
las fosas comunes o reconstruir su pasado. Si en Alemania a nadie que
investigue la historia de las víctimas del nazismo se le exige que para ello
tenga también que recuperar la memoria histórica de los propios nazis, no se
entiende porqué en España tenemos que ser diferentes y aquí haya que medir por
el mismo rasero a los que defendieron la legalidad democrática y a los que
apoyaron el golpe de Estado, o poner en el mismo nivel político el fascismo y
el antifascismo, como si ambas ideologías hubieran sido iguales. Este
igualitarismo no sólo es una manipulación de la historia, sino también una
indignidad moral hacia los que sufrieron durante casi cuarenta años la dictadura
y la represión.
Deseo finalizar mi intervención con unas palabras de agradecimiento a todos los que habéis venido a este acto, pero en especial quiero dar las gracias a todos los que fuisteis peatones de la historia del Baix Llobregat. Gracias a los que en los años negros del franquismo estuvisteis en la lucha sindical, política y vecinal, a los que sufristeis despidos, detenciones, torturas, cárceles y multas o fuisteis golpeados por los largos tentáculos de la represión. Gracias a los que trabajasteis en cuerpo y alma por conseguir una sociedad más justa, pacífica y solidaria y a los que en el pasado luchasteis contra la dictadura para que la democracia pudiera ser una realidad en nuestro presente. Gracias a los que fuisteis capaces de renunciar a algunos de vuestros ideales para que la reconciliación fuera posible y a los que en algún momento os habéis sentido desilusionados porque habéis creído, aunque opino que equivocadamente, que vuestra lucha no ha servido para nada. Gracias a los que habéis soportado con dignidad que las instituciones democráticas os hayan tenido tantos años olvidados o no hayan sido capaces de reconocer de manera justa vuestro esfuerzo por traernos las libertades. Gracias, en definitiva, por habernos dado tanto y a cambio habernos pedido tan poco.
Arcángel Bedmar.
Historiador
Historiador
Conferencia pronunciada en el Patronat Cultural i Recreatiu de Cornellà de Llobregat con motivo de la presentación del libro “Peatones de la historia”.
